7- Silvia Escudero Mendoza

Poder que postula: Poder Ejecutivo

Licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho de Puebla.
Cédula:
2047843

Maestra en Derecho Familiar por el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell.
Cédula:
13096167

GÉNERO: Tallerista en temas de “Perspectiva de género e igualdad sustantiva” en la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Guardia Nacional. Integrante del Grupo de Trabajo sobre inclusión, género y cultura de la paz de la Escuela Libre de Derecho. Tomó el curso “Mediación con perspectiva de género” con el Colectivo Diálogos Restaurativos; ” Género, Diversidad e Inclusión” en la Escuela Matríztica de Chile; Perspectiva de Género en la Mediación en el Colegio Nacional de Mediadores Certificados, A.C.

NNA: En una entrevista con Saskia Niño de Rivera, abordó la importancia de proteger los derechos de los niños durante los procesos de divorcio, enfatizando la necesidad de escucharlos y considerar su bienestar en las decisiones judiciales.

64 Candidaturas a la corte dijeron

1.-¿Por qué su perfil es importante para la SCJN?, ¿Cómo se integrarán sus equipos de trabajo?
Porque represento una trayectoria y un perfil distintos: mi experiencia se ha centrado en el acceso a la justicia desde la pacificación y el diálogo. Mi compromiso de escucha es un ejercicio de muchos años, vengo de escuchar a víctimas, de mediar conflictos donde la justicia institucional no llega. Soy una abogada con convicción social, que ha hecho de la mediación una herramienta de transformación. En un momento en que el Poder Judicial necesita legitimidad ciudadana, mi perfil garantiza independencia, experiencia, cercanía y compromiso con una justicia que sirva a todas las personas. Mi ponencia tendrá tres pilares: 1. Calidad técnica de excelencia. 2. Trabajo con perspectiva de derechos humanos, género, infancias, adolescencias, adultos mayores, personas con discapacidad y un especial énfasis en cultura de la paz y justicia restaurativa. 3. Honestidad y transparencia. Mis equipos de trabajo estarán integrados con criterios de diversidad, ética y excelencia. Convocaré a personas jóvenes, expertas en derechos humanos, con experiencia territorial, perspectiva de género y enfoque intercultural, así como a abogados con experiencia judicial. La justicia no puede pensarse desde un escritorio: debe construirse con los pies en la realidad.
La desaparición forzada es una tragedia nacional. Pondré en el centro el principio de dignidad humana, el derecho a la verdad y la obligación del Estado de buscar activamente a todas las personas desaparecidas. No se puede hablar de Estado de derecho mientras haya miles de familias buscando a sus seres queridos sin respuesta. Mis criterios serán: enfoque pro persona, interpretación conforme a tratados internacionales, máxima protección a víctimas y control estricto a la omisión de autoridades. La Corte debe dejar claro que cada ausencia duele, y cada desaparición es un crimen que debe enfrentarse con todo el peso de la ley y de la justicia. El enfoque de Derechos Humanos y Justicia Restaurativa será preponderante en mi trabajo en la Corte.
Sí. Existen criterios jurisprudenciales que han sido sostenidos a pesar de que su aplicación vulnera derechos fundamentales o perpetúa desigualdades. Un ejemplo es la jurisprudencia que, por años, limitó el reconocimiento de identidades de género diversas en materia registral, hasta que fue corregida por sentencias con enfoque de derechos humanos. La Corte debe tener el valor de revisar su propia doctrina cuando esta deja de responder a la realidad constitucional y social del país.
Sí. Aunque formalmente se trata de reformas constitucionales, existen límites materiales: los derechos humanos no pueden ser eliminados por mayoría calificada. La prohibición de la pena de muerte es parte del núcleo duro de nuestra Constitución y del sistema interamericano de derechos humanos. El Poder de Reforma no puede convertirse en poder constituyente.
El derecho no puede ser una camisa de fuerza. Mi interpretación deberá ser desde el espíritu de la norma, considerando el contexto, los principios constitucionales y el impacto real en las personas. La letra debe servir al propósito de justicia, no entorpecerlo.
Me enfrento cotidianamente a la dificultad de ponderar derechos y a la insuficiencia de las leyes en lo que a la justicia se refiere. A las injusticias que se cometen con frecuencia cuando se carece de una interpretación humana de las leyes. Las herramientas y valores que me acompañan son la empatía, la escucha activa, tomar en cuenta los diferentes contextos, la imparcialidad, la equidad, las diferentes miradas, perspectiva de género, de infancias, de adolescencias, de adultos mayores, de personas con discapacidad, de justicia restaurativa y la convicción de que una solución justa no siempre es la más formal, pero sí la más humana.
Mi campaña no está financiada por intereses privados ni grupos de poder. Mi campaña ha sido financiada, en su totalidad, con ingresos producto de mi trabajo y en monto congruente con mis posibilidades presentes y con el salario que recibiré como Ministra de la Suprema Corte. Mis ingresos y egresos son transparentes, de acuerdo a la normatividad correspondiente y debidamente documentada conforme a la ley. Creo profundamente en la rendición de cuentas, legitimidad también se construye desde la transparencia.
La Suprema Corte debe ser un contrapeso efectivo y un resguardo de los derechos humanos. No basta con vigilar el procedimiento: debe analizar de fondo cualquier norma o acto que, aunque con buenas intenciones, pueda afectar libertades fundamentales o reproducir exclusiones estructurales. La Corte debe tener el valor de decir “no” cuando se rebasa el marco constitucional. Desde mi experiencia en la Cultura de la Paz creo en el diálogo que fortalece la independencia, que permite y garantiza el cumplimiento de las funciones como garante de los Derechos Fundamentales para todas las personas.
No contestó.
La seguridad pública debe ser responsabilidad de instituciones civiles. El uso de las Fuerzas Armadas debe ser estrictamente excepcional, temporal, regulado y bajo control civil. Normalizar su presencia en tareas de seguridad es una salida que posterga la construcción de cuerpos policiales profesionales y confiables. Desde la Suprema Corte, evaluaré su legalidad y legitimidad con base en los principios de extraordinariedad, necesidad, subsidiariedad, fiscalización y temporalidad, conforme al artículo 21 constitucional y a los estándares interamericanos. Una justicia cercana y con vocación democrática no puede sostenerse sobre la excepción permanente. Soy partidaria y vocera de la Cultura de la Paz, creo en la necesidad imperante de acciones de pacificación para fortalecer el Estado de Derecho y la vida digna a que todos los mexicanos tienen derecho.

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